La polémica sobre el «derecho a la imagen» que ha estallado en Francia recientemente, entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de fotógrafos, no concierne únicamente a las relaciones entre el derecho de los periodistas a informar a través de la imagen y los derechos de los particulares al respeto de su propia imagen y de su vida privada. Es la singularidad del estatuto actual de las relaciones entre la imagen, el derecho, la política e incluso el arte lo que aparece aquí en el centro de la escena.
El conflicto surgió a raíz de dos disposiciones de un proyecto de ley relativo a la presunción de inocencia y a los derechos de las víctimas. La primera prohíbe publicar fotos de personas esposadas, la segunda, publicar fotos de víctimas de algún crimen en situaciones que atenten contra su dignidad. La una y la otra se inscriben en una misma perspectiva global que desarrolla los derechos de las personas: protección de la vida privada, de la imagen y de la dignidad de las personas, presunción de inocencia de toda persona en tanto no haya sido declarada culpable. Ya el «inculpado» había cambiado de nombre: desde entonces está sólo «bajo investigación». Ahora se da un paso con la proscripción de toda imagen material de su encarcelamiento. Pero este paso de más tiene consecuencias inquietantes. Ya no se trata sólo de eufemizar el nombre de una situación de hecho. Consiste en hacer invisible su materialidad. La protección de la persona privada tiende a convertirse en una suspensión de la visibilidad del acontecimiento en sí mismo. Lo que no ha sido juzgado no tiene por qué ser mostrado, no debe tener visibilidad. Esta regla implícita oculta otra: que a partir de ahora el único juicio es el de los tribunales. Antes, la imagen del inculpado servía también para atraer el juicio de la opinión pública, independiente del de los jueces, incluso como respuesta al de estos. O servía también para reivindicar la justicia intrínseca de una acción obligada a enfrentarse a la ley existente para denunciar un estado de cosas injusto. Se inscribía así en el combate político clásico que cuestiona la legitimidad de las leyes existentes. Todavía recientemente, en Francia, el líder de las acciones campesinas contra la cadena MacDonald blandía las esposas frente a los periodistas como emblema de la justicia de su combate. Dentro de esta nueva lógica, la presunción de inocencia, en tanto que perteneciente al derecho de todo particular, anula el litigio político sobre ese hiato entre dos justicias y dos juicios cuyos emblemas serían las figuras del culpable inocente o del justo encarcelado.
La protección de la persona y de su imagen produce así una operación indisolublemente política y ontológica. Tiende a sustraer, además de cierto tipo de juicio y de manifestación política, una parte de lo visible. Y no es esa parte de ejemplo contagioso o de horror insoportable que se censuraba antes. En materia de violencia, de indecencia o de horror, apenas queda ya nada que las pantallas censuren. La parte proscrita, es esa parte por decidir, litigiosa, que alimentaba el conflicto político, al poner en cuestión a través de la «culpabilidad» del agente, la naturaleza de la acción misma. La cuestión estriba entonces en saber hasta dónde llega la sustracción; si, con la visibilidad de los hechos, no se logra también la certificación de su existencia.
Ésta es la cuestión que plantea la segunda prohibición, la de mostrar a las víctimas de algún crimen en situaciones que atenten contra su dignidad. La viuda de un prefecto asesinado por terroristas corsos se había manifestado así contra una foto que mostraba a su marido con la cabeza contra el suelo. La imagen de una mujer casi desnuda por la onda expansiva de una explosión terrorista en el metro parisino provocó una escándalo parecido. Estos casos particulares, sin embargo, en el que una persona reivindica su dignidad arrastran consigo la cadena inmensa de esas fotos que nos han hecho ver y continúan haciéndonos ver los horrores que han marcado nuestro siglo. Frente a los legisladores, los periodistas y los fotógrafos han blandido esas fotos de los supervivientes de los campos nazis o el de la niña vietnamita, desnuda y quemada por el napalm, que han pasado a la historia o esas otras que todavía hoy registran la cosecha diaria de crímenes masivos en Bosnia o en Ruanda, en Timor o en Kosovo. Seguramente la apariencia de las víctimas no se ajusta al ideal de la dignidad humana. El sentido común nos dice que es más bien su situación lo que es indigna y que la imagen lo que quiere precisamente es dar testimonio de ello.
Esta cuestión –política y ontológica– va más allá de la simple oposición entre el respeto de las víctimas y el deber e informar sobre su situación. Pues no se trata simplemente de saber si se podrá dar a conocer o no, para los médicos y los justos, los dolores y las injusticias del mundo. La fotografía certifica dos cosas a la vez: no da cuenta solamente de la evidencia del crimen. Da cuenta también de la naturaleza, al marcar la carga de presencia y de común humanidad de aquellos a los que los exterminadores tratan como chusma infrahumana. Lo que los genocidas y las limpiezas étnicas niegan es, en efecto, un primer «derecho a la imagen», anterior a toda propiedad del individuo sobre «su» imagen: el derecho a ser incluido en la imagen de una humanidad común. La limpieza o el exterminio étnicos son siempre la demostración en acto de sus propios presupuestos: que el exterminado no pertenece a aquello de lo que es excluido, que él no pertenece verdaderamente a la humanidad., no, en todo caso, a aquella que tiene derecho a existir en ese sitio y en ese lugar. Por esa razón es por lo que la limpieza o exterminio étnicos encuentran su acabamiento lógico en la desaparición de las huellas o en el discurso negacionista.
Alegar contra esas fotografías la dignidad amenazada de las víctimas, ¿no contribuye a sustituir a ese primer derecho negado, el derecho a tener una imagen común, un derecho con el que las víctimas nada tienen que ver: el derecho de propiedad sobre su imagen que ejercen los únicos que tienen medios para hacer de ella moneda de cambio? Parecerá una pregunta de colegio. Nadie se espera todavía, por el momento, encontrarse con que las víctimas kosovares vienen a reclamar indemnizaciones por la publicación de su imagen en la prensa francesa. Y el ministerio ha respondido a los que se inquietaban por ello afirmando que la ley no concernía a los hechos de guerra. Esta «tranquilizadora» respuesta causa perplejidad. Porque reenvía el estatuto de la imagen a un reparto de dominios y de géneros que es precisamente lo que se cuestiona. Desde su punto de vista, Hitler estaba en guerra contra el pueblo judío, eliminaba parásitos perjudiciales. De la misma manera, las milicias serbias no estaban en guerra contra el pueblo kosovar. Suprimían a aquellos que no estaban en «su» sitio. Y las operaciones «humanitarias» que responden a la limpieza étnica no pretenden intervenir en una guerra. Si el hecho de la exterminación y el discurso negacionista han alcanzado en el pensamiento contemporáneo la importancia que sabemos, es porque dan cuenta ellos también de la incertidumbre que golpea hoy en día las líneas de reparto entre las esferas: privado y público, lo político, la policía y la guerra. El derecho del propietario y el derecho de la víctima ilustran en suma el desvanecimiento gradual del mundo político, a favor de una escenario doble: de un lado, el escenario privado de los intereses propietarios; del otro, el de los enfrentamientos étnicos y las intervenciones humanitarias.
Pero no es solamente la imagen en general –y particularmente la imagen fotográfica—la que queda atrapada en esta tormenta. También una cierta idea de la modernidad artística. Lo que ha hecho la doble fortuna –política y artística—de la fotografía en nuestro siglo, es que ella ejemplifica el lazo privilegiado que el arte moderno ha trenzado con la imagen de los anónimos –esos anónimos que en el siglo XIX se apropiaban esa imagen que había estado siempre reservada a los privilegiados, a los que tenían un nombre y hacían la historia. El objetivo de los grandes reporteros registrando los horrores del siglo y el objetivo de los Doisneau o de los Cartier-Bresson sorprendiendo a los niños en la calle o a los enamorados anónimos, eran hermanos. Expresaban ese tiempo en el que cualquiera que se revelaba era susceptible de ser sujeto de la historia y objeto de arte. Es ese anónimo, sujeto común de la política democrática y del arte moderno, quien ve también su imagen borrarse, escindirse en dos. Al mismo tiempo que la ley extiende su protección ambigua sobre los presuntos inocentes y sobre la dignidad de las víctimas, los anónimos de la leyenda fotográfica llegan para pedir a las agencias el precio de mercado de sus imágenes. En un mundo dividido entre propietarios de imagen y propietarios de dignidad, no es solamente la política, sino también el arte el que ve comprometidas sus imágenes.
Octubre 1999.
RANCIÈRE, Jacques: «Un droit à l’image peut en chasser un autre», en Chroniques des temps consensuels, Seuil, pp. 79-83.
Traducción (muy urgente) de B.G.J.
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Este colega, hiperactivo y barbudo eco de Rancière.
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