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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

Principios (y derivas) de la justicia poética VII: el documental mexicano

Presunto culpable” retrata una tiranía dispersa pero implacable. Es la tiranía del expediente. El papel no es muestra del proceso judicial, es el ídolo al que todos tienen la obligación de rendir tributo. El acusado, los testigos, el acusador están impedidos de expresarse con naturalidad: han de dictar palabras extranjeras para la engorda del Santo Expediente. La policía no pierde el tiempo con investigaciones. Su trabajo es coleccionar hojas de papel. Las preguntas del interrogatorio judicial tienen una muralla infranqueable, lo asentado en el expediente.

El blog de Jesús Silva-Herzog Márquez.

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El secuestro del inconsciente en el ‘caso Moro’

La crónica de Leonardo Sciascia sobre asesinato del político italiano indaga en los motivos ocultos de la Razón de Estado


«La versión de las autoridades italianas, agravada más que enmendada por cien retoques sucesivos y que todos los comentaristas se creyeron obligados a aceptar públicamente, no ha sido creíble ni un sólo instante. Su intención no era ser creída, sino ser la única en el escaparate, para luego ser olvidada, exactamente igual que un mal libro». Este comentario de Guy Debord sobre el secuestro y asesinato del político Aldo Moro, escrito en enero de 1979 y publicado en el prólogo a la cuarta edición italiana de La sociedad del espectáculo, debe corregirse en un punto: hubo un comentarista que no transigió con esa obligación; que esa negativa produjera un libro excelente, sin embargo, respalda el acierto de la comparación de Debord en todo lo demás.

Leonardo Sciascia (Sicilia, 1929-Palermo 1989) no escribió El caso Moro pensando en el escaparate, sino en la verdad que ocultaba, y de ahí que siga siendo recordado: Tusquets acaba de reeditarlo en español. Esa crónica, escrita «en caliente», disecciona las piruetas que esa versión oficial e increíble dio durante tres meses para justificar lo previsible: que Moro, presidente del Consejo Nacional de Democracia Cristiana, iba a ser asesinado y que el gobierno, presidido por el también democristiano Giulio Andreotti, no pensaba ceder un ápice para evitarlo.

Aldo Moro fue secuestrado el 16 de marzo de 1978 en Roma por un comando terrorista de las Brigadas Rojas, que asesinó en el acto a sus cinco escoltas. El cadáver de Moro fue hallado el 9 de mayo en el maletero de un Renault 4, en una calle de la misma capital. La familia pidió ese mismo día que se respetara la voluntad expresada por el propio Moro al final de su cautiverio: no quería ni manifestaciones públicas, ni ceremonias, ni discursos, ni luto nacional, ni ceremonias de Estado, ni medallas póstumas. «La historia juzgará la vida y la muerte de Aldo Moro», concluía.

¿Pero por qué Moro, ex primer ministro y padre del «compromiso histórico» con los comunistas, rechazó todos los honores del Estado que había defendido durante décadas?

Nadie ha podido verificar gran cosa sobre los hechos del caso. Sciascia tuvo al menos la intuición y la honestidad de poner a prueba el relato que el poder hizo de su declarada impotencia para salvar a Moro, cuyo «compromiso histórico» fue ratificado, para perplejidad de muchos, el mismo día del secuestro: los comunistas apoyaron el gobierno del democristiano Giulio Andreotti. El libro se pregunta si no fue el Estado también quien lo condenó a muerte.

Sciacia no responde, porque sólo tuvo acceso a los textos, y aunque los lee como reflejo y síntoma de lo que estaba pasando, nunca pierde de vista que no eran lo que, literalmente, pasaba. Mientras los terroristas exigían concesiones a cambio de la vida del líder democristiano y el propio Moro argumentaba que la clemencia no es signo de debilidad del Estado, los compañeros de partido, de gobierno, los grandes periódicos e incluso el papa Pablo VI optaron por darlo por hombre perdido de antemano.

Las cartas de Moro, perfectamente razonables e incluso, según las lee Sciascia, con fórmulas encriptadas para informar a las autoridades sobre el lugar donde lo tenían secuestrados, son descartadas sistemáticamente. Las autoridades no dan razones políticas, sino excusas clínicas: primero dicen que las escribe coaccionado, luego que enajenado y finalmente acaban lamentando que Moro se haya convertido en otra persona. La firmeza inicial, engrasada por una repentina razón de Estado, deriva en una indiferencia de plomo. ¿Por qué un Estado que ha abolido la pena de muerte se cree autorizado, legitimado a dejar morir a un inocente?, se pregunta el autor de Todo modo.

El informe de la comisión parlamentaria de investigación, redactado por el mismo Sciascia, con datos y precisas interrogantes, describe en qué consiste también la política del espectáculo aplicada al terrorismo. Y nada tiene ello que ver, como advierte por lo demás Debord, con que los terroristas busquen salir en los titulares. Tiene que ver con un Estado que, a través de los servicios secretos, esconde más de lo que muestra, despliega miles de policías allí donde es materialmente imposible que esté en ese tiempo el secuestrado y no controla en cambio el barrio donde se ha producido el asalto. Si tiene que ver también con la complicidad en el asesinato, es algo que Sciascia no afirma porque no tiene pruebas.

La historia, en esa sociedad que el caso Moro sanciona, ni se la conoce ni se la espera que responda. Es, de hecho, la misma sociedad del espectáculo que diseccionaba Debord en su libro de 1967: un mundo en el que ya no hay lugar para ninguna verificación. ¿Cómo, entonces, iba a haberlo para el periodismo? ¿Y para la justicia? ¿Y para la política? Todas esas instituciones comparecen ante el tribunal del periodista y diputado del Partido Radical Sciascia. Ya es célebre que el propio Sciascia dijo de Italia que era «un país sin verdad».

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El Colegio de Abogados investigará la estafa a Tommouhi

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) abrirá diligencias informativas sobre el caso de dos  letrados, Jorge Claret y Pedro J. Pardo, que estafaron a un marroquí condenado por error, aprovechándose de que era analfabeto, según ha confirmado a ‘Público’ el coordinador de la Comisión de Deontología del ICAB, Joan Oset. “En cuanto el interesado ratifique personalmente la información [publicada en este periódico el pasado 11 de noviembre], nos dirigiremos a los letrados para que expliquen su actuación”, declaró Oset, al tiempo que subrayó que, respecto de la normativa interna, los hechos, que datan de 2001, han prescrito. Ahmed Tommouhi se ratificará en los próximos días.

Claret y Pardo –éste último es ahora juez de instrucción— hincharon una minuta de casi seis millones de pesetas con procedimientos que no habían llevado ellos y un recurso presentado en realidad por el Ministerio Fiscal. “Es una barbaridad tan absoluta que me parece hasta tremendamente temerario. Pero bueno, si tenían el convencimiento de que esta persona no iba a decir nada”. Tommouhi, que ya había abonado más de medio millón de pesetas durante la década de los noventa, les entregó la tercera parte de los dieciocho millones de indemnización que cobró por una condena revocada por el Tribunal Supremo en 1997. Los dos abogados han declinado responder a las preguntas de este periódico.

La estafa, penalmente, también ha prescrito. “Lo que le queda a este señor sería impugnar civilmente la minuta. Y ya veríamos si por ahí puede colar algún plazo de prescripción amplio. Ahí estaríamos en al ámbito de los encargos profesionales y a lo mejor podríamos estar en la órbita de los quince años de prescripción”, explica Oset. Ahmed Tommouhi, confundido con un violador confeso, ha cumplido íntegra las otras tres condenas en las que no fue posible analizar el ADN, y que se basaron también en el señalamiento por parte de las víctimas como única prueba de cargo. Ha estado quince años preso.

Fuente: Público

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Principios (y derivas) de la Justicia poética (VI)

1.- «La medida se aplica con normalidad en los juzgados desde hace un lustro, de tal manera que no se ha dictado ni una sola sentencia que otorgue la custodia compartida a un progenitor denunciado por el otro. La mera admisión a trámite de la denuncia por parte del juez impide al denunciado compartir la custodia. Ninguna de las asociaciones de jueces que ahora alertan sobre la supuesta indefensión ciudadana han manifestado durante todo este tiempo ninguna queja al respecto.»

El País, hoy.

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Variaciones sobre la presunción de culpabilidad en un estado sin derecho.

I.-«Hemos puesto a los alemanes por encima de la presunción de inocencia»

II.-«Hemos puesto a los blancos por encima de la presunción de inocencia».

III.-«Hemos puesto a los hombres por encima de la presunción de inocencia».

IV.-«Hemos puesto al Estado por encima de la presunción de inocencia».

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Principios (y derivas) de la Justicia poética (V)

«Estamos pensando en los niños por encima de la presunción de inocencia«.

Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del interior, después del Consejo de Ministros.

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Principios de Justicia poética (IV)

«Igualdad propone quitar la custodia a los maltratadores aunque no estén condenados

«Mañana llevaré al Consejo de Ministros la propuesta de reformar el Código Civil para prohibir expresamente la atribución de la custodia individual de los hijos al cónyuge incurso en un proceso de violencia de género», ha subrayado la ministra.

 

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Justicia Poética en Periodismo Humano

Elena Cabrera y Carolina León han recuperado para periodismohumano la entrevista radiofónica que me hicieron en su programa ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor?, en Radio Carcoma, poco después de que saliera el libro. Esta vez, al paso de los diecinueve años de la detención de Tommouhi. Manu Fernández, el fotógrafo de Público, ha tenido además la generosidad de ofrecer sus fotos para ilustrar la versión digital de aquel «Reportaje a la verdad», que es como la titularon. La nueva versión de la entrevista está aquí.

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Ahmed Tommouhi, el punto ciego de la justicia española

Este marroquí, tras ser condenado por error, fue estafado por sus abogados

(Ahmed Tommouhi, en Martorell, 2010. Foto: Manu Fernández)

Ahmed Tommouhi es un albañil marroquí al que justo hoy hace 19 años detuvieron por casualidad en una pensión de Terrassa (Barcelona). No ha vuelto a coger una paleta. Tampoco ha vuelto a Marruecos ni volverá nunca a Nador, dice, donde nació en 1951. “Cuando me vine era joven, estaba sano y tenía trabajo; no voy a volver ahora viejo, enfermo y vacío”, añade este hombre que no sabe el día en que nació, pero no olvida el que empezó a vivir como si estuviera muerto. “Era lunes, seguro, del mismo mes en que estamos ahora”. El 11 de noviembre de 1991 lo detuvieron porque era marroquí, regordete y tenía entradas.

“Mi juventud, mi vida, mi futuro, todo me lo arruinaron ese día”, relata. Desde entonces, Tommouhi ha pasado 15 años preso por varias violaciones y un robo ocurridos en Catalunya en 1991. Más de la mitad, sin embargo, los pasó a la sombra después de que el Tribunal Supremo reconociera que había sido condenado por error y recomendara su indulto. En 1999, el entonces fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, lo había solicitado para él y para el otro marroquí junto al que fue condenado, Abderrazak Mounib, porque tenía la “profunda convicción” de que eran inocentes, no sólo en la sentencia desmentida por el ADN y revocada por el Supremo en 1997, sino en todos los casos.

El Gobierno, primero del PP y luego socialista, congeló el indulto durante nueve años. Mientras, Mounib murió en una celda de Can Brians y Tommouhi cumplió íntegra su condena, después de que los abogados a los que pagó casi siete millones de pesetas, Jorge Claret y Pedro J. Pardo, también lo engañaran. Le facturaron procedimientos que no habían llevado ellos aprovechándose de que es analfabeto. “Soy un hombre cero, mi vida no vale nada”, cuenta por teléfono desde casa de su hijo Khalid, en un pueblo de la provincia de Barcelona.

De los poderes que contribuyeron a arruinar la vida de Tommouhi (Abderrazak Mounib murió el 26 de abril de 2000 de un infarto), sólo la Guardia Civil y el periodismo han rectificado. Los guardias civiles (desde el agente que abrió la investigación que dio el vuelco a este caso en 1996, Reyes Benítez, hasta su jefe, el comandante Pedro Pizarro, que firmó con él el informe) lo hicieron a sabiendas de que tiraban piedras contra su tejado. Los periodistas atribuyeron los errores a fuentes anónimas y al hecho de que Tommouhi es físicamente muy parecido a un violador confeso.

Los políticos y los jueces hacen mutis por el foro. Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, redactó una de las condenas que sigue vigente: el informe descartado de la Policía Científica exculpaba a Tommouhi, pero ni Robles ni sus compañeros de tribunal entendieron que el semen analizado era de otro hombre. “Si lo condené, será porque se ajustaba a derecho”, afirma Margarita Robles cuando se le ha preguntado por este caso. Cuando se ha preguntado al compañero de tribunal de Robles, Gerard Thomàs, por qué apoyaba el indulto del hombre al que ellos mismos habían condenado, soltó: “Ahí tenga el Gobierno su patata caliente”. El Gobierno enfrió la patata denegando el indulto a Tommouhi en abril de 2008.

Los huéspedes y la pensión

Tommouhi fue detenido en aquella pensión porque la dueña había entregado la ficha de los huéspedes, como cada lunes, en la comisaría de Terrassa, y la policía quiso comprobar si se trataba de uno de los dos “marroquíes” que las víctimas de una ola de violaciones describían como sus agresores. El huésped tenía 40 años, entradas y papada, como uno de los violadores. Lo detuvieron y lo pasearon esposado por delante de las víctimas antes de la rueda de reconocimiento. La mitad lo señalaron. Los jueces no preguntaron por ninguna otra prueba: tres condenas por violación y una por robo.

Cuando, cuatro años después, la Guardia Civil detuvo a uno de los dos violadores que seguían asaltando a parejas en los mismos descampados, se descubrió el gran parecido entre Antonio García Carbonell y Tommouhi. La investigación abierta por Reyes Benítez sólo pudo demostrar la confusión en la única muestra de semen que, analizada en 1996, dio resultado. García Carbonell es gitano y habla caló, lo que añadió al parecido físico la confusión lingüística. Las demás sentencias, que no pueden revisarse si no aparecen evidencias científicas de su inocencia, siguen vigentes. Esos antecedentes han impedido que Tommouhi recupere los permisos de trabajo y residencia que tenía en 1991. Vive sin papeles desde hace año y medio.

“El poder ya no quiere saber nada: nadie me llama”, señala. Uno puede preguntarse entonces de qué sirve seguir leyendo su historia en los periódicos. “¿Dónde voy a reclamar si no? No he encontrado un sitio donde ir a hablar y a reclamar, si lo hubiera, iría y no hablaría con cualquiera que me llame, pero, como no lo hay, pues hablo”, asegura con calma y sin pose. A su mujer y a su hija mayor, que siguen en Maruecos, no las ha vuelto a ver desde hace casi 20 años. En España viven sus cinco nietos.

Fuente: Público

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Tommouhi, delante de las cámaras

«Si uno está manchado, el dinero no vale para nada», dice Tommouhi en el vídeo de LaVanguardia.es realizado por Iván Vila. Esta aquí.

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La comisión de deontología del Colegio de Abogados de Barcelona se pronunciará

En el Colegio de Abogados de Barcelona me aseguran que el director de la Comisión de Deontología, Juan Oset, se va a estudiar el tema y me contestará esta misma tarde o mañana por la mañana. No tenían constancia de este asunto, me asegura el portavoz del Colegio, antes de que entienda a qué se refiere: quiere decir que el asunto no está denunciado ante ningún juzgado y por tanto ellos no han recibido comunicación formal que les permita abrir un expediente contra sus dos colegiados. El asunto es que los abogados Jorge Claret y Pedro J. Pardo estafaron a su cliente, Ahmed Tommouhi.

Bien, pero es que el cliente ni sabe leer ni escribir y durante años nadie le explicó lo que la minuta refleja: que Claret y Pardo le facturaron procedimientos que habían llevado de oficio otros abogados, como el asunto de Cornellá (que llevó de oficio Pere Ramells, también colegiado del ICAB), o el de Terrassa (que llevó también de oficio Desiderio Fernández); que le facturaron también un recurso presentado por el fiscal (el colmo de la perversión, porque no sólo le cobraron por el trabajo que hizo otro, es que le cobraron por el trabajo del fiscal cuando lo que éste pretendía con su recurso es que le aumentaran la pena); y que le facturaron, por último, el trabajo que hizo ante el Supremo en Madrid y ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, Manuel Ollé, al que por cierto llamaré mañana para ver qué tiene que decir también de todo este asunto. «No cobré ni un duro, cero patatero», me dijo cuando lo entrevisté en su despacho de la calle Goya, en Madrid, en enero de 2009.

Cuando todo esto ocurre, y los periodistas (cosa que no he hecho sólo yo; pero esto se sabrá el jueves) lo ponen en conocimiento del Colegio y le facilitan además la minuta, la prueba de la estafa: ¿tiene algo que decir el Colegio de Abogados de Barcelona o no? ¿Tiene algo que hacer? ¿Estafar sale gratis si el cliente no sabe cómo ni dónde denunciarlo?

Seguiremos informando.

P.D. Por cierto, el tema que publico mañana en el periódico también rescata la fabulosa sentencia de Margarita Robles, Gerard Thomàs y Felipe Soler Ferrer.

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