A partir del próximo 1 de septiembre, los inmigrantes sin residencia legal que viven en España podrán suscribir un convenio con las comunidades autónomas que les dará derecho, a cambio de unos 700 euros al año, a la atención sanitaria pública. Sin mirar mucho, no he visto que se haya señalado la reveladora paradoja que todo eso supone.
La paradoja estriba en que el convenio viene, en el fondo, a normalizar con todas las de la ley (es decir, por decreto) la condición de excepcionalidad en la que malviven. Y eso, si bien se mira, es otra manera de integrarlos. Si yo fuera sin papeles y tuviera 710 euros, ya estaría recorriéndome las ventanillas de la Comunidad de Madrid (porque aquí vivo) para pagarlos.
Los pagaría encantado porque, si mi fe en la lógica del mercado no me ciega, eso supondría a su vez una garantía de que no me van expulsar hasta el 1 de septiembre de 2013, por lo menos. Porque, ¿no vendría a ser ese convenio también un contrato que me garantiza el uso y disfrute de lo que pago y contrato? La posibilidad de que el Estado (que es quien expulsa) pudiera adelantar al inmigrante la devolución de su cuota sanitaria debe, tal y como están las arcas del Estado y sus arqueros, descartarse. La de que fuera directamente alguna de las comunidades autónomas en quiebra la que hiciera efectiva la devolución, entenderán que no me la plantee. En fin, dado que el convenido es anual, tendría todo el mes de agosto del año que viene para intentar renovarlo: supongo que sería más difícil encontrar una ventanilla abierta que que me encerraran en un calabozo, pero tampoco mucho más. Tendría un mes para intentarlo y si no, siempre podría hacerlo el mismo día 1 de septiembre. ¿O acaso me podrían expulsar igual y quedarse encima con los 710 euros?
Y es reveladora porque supone reconocer, por fin, pública y abiertamente (es decir, en los titulares) que la condición de los inmigrantes sin residencia legal no es una situación de exclusión, ahora ya ni siquiera en términos estrictamente legales. Es, como sabemos por Agamben, una situación de excepción: aquella en la que la ley se suspende a sí misma para incluir una situación que se pretende por definición ajena. Se incluye lo externo excluyéndolo dentro: algo así como un padre que para echar a su hijo de casa, lo encierra en una habitación. Así puede seguir pegándole de vez en cuando. Larra lo dijo mucho más claro hace doscientos años, respecto de Los barateros: el brazo de la ley alcanza a castigar allí donde no llega para proteger.
Los inmigrantes sin residencia legal no suponen ninguna irregularidad dentro de los estados nacionales que se niegan a reconocerles sus derechos: son la norma. Una norma más o menos circunscrita a unos cientos de miles en España o Francia, pero millones en Estados Unidos y Europa. Hasta ahora, la doblez se mantenía más o menos decorosamente: todos sabíamos de primera mano su carísima aportación como mano de obra barata y no hacía falta pensar mucho para saber además que contribuían indirectamente con su consumo y sus impuestos al sostenimiento del bienestaremos.
Pero hasta ahora seguíamos insistiendo en mantenerlos, aparentemente, fuera de la ley. Como mucho, de vez en cuando se aprobaban regularizaciones extraordinarias para los más arraigados, como ahora acaba de anunciar Obama para los menores de 30 años que entraron en Estados Unidos siendo niños. En esos casos, la ley se suspendía a sí misma, pero sólo provisionalmente. Frente a esa provisionalidad, España se sitúa ahora a la vanguardia del mundo con un decreto escrito sobre la línea del horizonte. Un viejo burócrata habría dicho «frontera».
En fin, es más reveladora aún, pero habrá que acabar: piénsese, por ejemplo, en el hecho de que a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del Ausente, se le haya llamado también «proceso de regularización extraordinaria«; o en que, durante unos meses, haya planeado el debate de si la sanidad pública debía seguir siendo universal para los parados (españoles); en fin, piénsese en la facilidad con la que las barreras europeas se suben y bajan sobre los campamentos de los gitanos rumanos que Francia (también la Francia de Hollande, désolé) sigue deportando: ¿no será el horizonte de la ciudadanía nacional el que está emborronándose?
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