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El plan de préstamo público de libros electrónicos prioriza el uso de los aparatos de lectura frente al interés por los contenidos digitales

El préstamo de libros electrónicos llega a las bibliotecas españolas, pero no por donde sería de esperar: no está en internet. Sino detrás de los mostradores. El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un servicio de préstamo de libros electrónicos que mantiene la cadena que recorren los libros de papel antes de llegar a manos del lector: el autor, el editor y el bibliotecario. Se prestarán los dispositivos electrónicos, algo que ya hacen las bibliotecas municipales en San Sebastián, por ejemplo, pensando en el interés que suscitan los aparatos, no los contenidos. De momento, electrónico no es sinónimo de digital.

Los lectores tendrán que desplazarse personalmente, dentro de los horarios de cada biblioteca, a recoger los dispositivos lectores para leer su contenido: hasta un millar de libros de dominio público, es decir, que no están sujetos a derechos de autor. Nada que ver, por ejemplo, con el sistema británico, donde los usuarios de las bibliotecas públicas pueden descargarse el contenido desde casa, a cualquier hora y cualquier día de la semana, y el archivo desaparece automáticamente de su ordenador o lector electrónico cuando expira el préstamo.

Prestar cacharros

«El libro electrónico tiene que tener el mismo proceso y la misma dinámica que un libro de papel», responde Rogelio Blanco, director general del Libro, para explicar la filosofía de la iniciativa española. ¿Pero por qué entonces los préstamos no se hacen también digitalmente, a través de internet, ahorrando coste e incomodidades? «Los editores estamos por la labor, pero en cuanto a la negociación, desafortunadamente, no estamos todavía en ese último eslabón», explica Toni Comas, presidente de la Federación del Gremio de Editores. «Nuestra idea es que hay una cadena en el mundo del libro que no debemos romper», añade Blanco.

«De lo que se trata es de que los lectores se familiaricen con los aparatos», resume Carmen Sáez, coordinadora de la Biblioteca Pública de La Rioja, en Logroño. Una evidencia que se prueba además por el hecho de que los libros prestados ya están, libre y legalmente, disponibles en internet a través de la Biblioteca Virtual Cervantes o del catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica.

La iniciativa del ministerio no es pionera en España: ya hay otros dos ejemplos de préstamo de dispositivos de lectura, uno público y otro privado, y en los dos reconocen que la utilidad de un programa así, a la espera de que haya una verdadera oferta de contenidos, es familiarizar a los usuarios con los aparatos. «Nuestra filosofía es dar a conocer los aparatos, puesto que oferta de contenidos no tenemos todavía», reconoce Arantza Urkia, directora de la Red de Bibliotecas Municipales de San Sebastián.
¿Un plan de futuro?

«Nosotros no somos partidarios del préstamo de ereaders», sostiene Javier Valbuena, responsable del programa de investigación Territorio ebook de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. «Primero por presupuesto», dice, subrayando el alto coste de los aparatos lectores (en España, ninguno por debajo de los 100 euros todavía). «Pero no sólo: en nuestras investigaciones, el 25% de los dispositivos tuvo algún tipo de fallo: imagínate la circulación de usuarios que eso supondría para las bibliotecas con 5.000 cacharros prestados: ¡necesitaríamos un servicio técnico!», añade.

El programa del ministerio ha costado 130.000 euros, para un total de 750 aparatos repartidos entre las 15 bibliotecas seleccionadas. Rogelio Blanco cree que sí es una estrategia sostenible económicamente: «los aparatos acabarán bajando de precio», argumenta. Más allá de esta iniciativa piloto, «vamos a continuar», asegura Blanco.

«Nosotros no vamos a comprar más», afirma en cambio Urkia, para quien el objetivo en el futuro es «qué haremos con los contenidos». La red de bibliotecas donostiarra está llevando a cabo además una encuesta entre sus usuarios. Los primeros 70 ya han expresado su opinión sobre el programa: «El 91% cree que la biblioteca debe suministrar ereaders. Se lo llevan para conocer el aparato. Los contenidos no son atractivos», recoge una ponencia presentada por Urkia en el Congreso de Bibliotecas Públicas celebrado en Gijón en noviembre pasado.

«El gran handicap es que no podemos trabajar todavía sobre los contenidos», explica Urkia. «Yo incluso me puse en contacto con Blackwell», una plataforma de libros inglesa pero que tiene un distribuidor en España. «El problema es que su oferta no encaja con lo que necesita mi público», añade. Es decir, «libros en castellano o en euskera, en nuestro caso, y libros modernos, novedades y libros infantiles», concluye Urkia.
Prestar contenidos

La clave para que los libros actuales puedan llegar a los usuarios de las bibliotecas digitalmente es que los editores y las administraciones públicas se pongan de acuerdo en cómo prestarlos. «Si hay unos derechos de autor, lo que hay que ver es que sólo pueda prestarse al mismo tiempo a un sólo usuario» para cada licencia, defiende Toni Comas, presidente de los editores.

«De momento, lo que podemos poner sobre la mesa son aparatos, si bien nuestro compromiso es apostar por los contenidos. Pero nuestro sector editorial, que no están apostando por los contenidos», afirma Antonio Gómez, director de la biblioteca de Huelva, otra de las seleccionadas por el ministerio. «Los libros electrónicos son casi tan caros como los de papel», añade.

«No se trata de incorporar dispositivos tecnológicos y lecturas digitales dentro de un esquema rutinario de compra e incremento de servicios», recoge Valbuena en un artículo sobre la investigación de Territorio ebook. «El libro electrónico nos obliga a repensar la misión y la visión de la biblioteca», concluye.

Un horizonte que algunos ya otean por encima de los problemas de la propiedad intelectual. «¿Podemos crear una Biblioteca Nacional Digital?», se preguntaba el director de la biblioteca de Harvard, Robert Darnton, en el último número de la revista Trama y texturas. Y Darnton apuesta: «contribuiremos a fortalecer los lazos de la ciudadanía de nuestro país».

Fuente: Público

(Foto: El programa ‘Territorio eBook‘, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, estudia cómo los lectores adoptan los nuevos dispositivos electrónicos. Autor: Eduardo Margareto)

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El director de ‘Shoah’ descartó el material que ahora forma ‘Le rapport Karski’

Jan Karski tenía 19 años cuando el Gobierno polaco en el exilio le pidió que, antes de volver a la Polonia ocupada por los nazis, fuera a ver al presidente de EEUU, Franklin Delano Roosevelt. Era el verano de 1943 y Karski, estudiante de Derecho y correo de la resistencia polaca, llevaba un año explicando a las principales autoridades aliadas reunidas en Londres, plana mayor del Gobierno británico incluida, lo que nadie quería oír: que los nazis estaban exterminando a los judíos de Europa. “Yo informé de lo que yo vi”, dice al final de su intervención en Shoah, la película de Claude Lanzmann sobre el exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Nadie, tampoco del otro lado del Atlántico, pareció asumir lo que Karski contaba. Lo que había visto en las calles del gueto de Varsovia en 1942: cadáveres desnudos amontonados, mujeres famélicas y sin pecho amamantando a bebés de ojos desorbitados, niños jugando con harapos. “Yo informé de lo que yo viví”, repetía el jueves Lanzmann en Madrid, durante la presentación de su nuevo documental sobre el hombre que primero informó a los aliados de los campos de exterminio: Treblinka había empezado a funcionar en el mes de julio de ese mismo año. A petición del presidente norteamericano, Karski habló con una larga lista de personalidades estadounidenses, entre ellas un juez del Tribunal Supremo americano, Felix Frankfurter.

“¿Sabe usted que yo soy judío?”, le preguntó Frankfurter, después de que Karski, que había visitado también, disfrazado de guardián ucraniano, el campo de Belzec, le relatara lo que había visto. El juez añadió: “¡Y no le creo!”. Tras la publicación de Story of a Secret State en 1944, unas memorias de las que se vendieron más de 400.000 ejemplares, Karski empezó a dar charlas por tierras americanas para explicar, de nuevo, lo que había visto, pero se convirtió en un personaje incómodo, por lo que acabó guardando silencio. La editorial Acantilado publicará en febrero esas memorias traducidas al castellano como Historia de un estado secreto.

El Jan Karski que encontró Claude Lanzmann en Estados Unidos 30 años después era profesor de Ciencias Políticas en Georgetown, y nunca había hablado a sus estudiantes del “problema judío”. Aceptó hablar a la cámara de Lanzmann porque, según él mismo explica en la segunda parte de Shoah, era consciente de que se trataba de “registrar la historia”. Lanzmann, sin embargo, recogió sólo lo referido a sus visiones del exterminio. La parte sobre sus conversaciones con Roosevelt y las élites norteamericanas siempre le había parecido “anecdótica”, según el mismo Lanzmann, que acaba de publicar La liebre de la Patagonia (Seix Barral), explicó el jueves en el Círculo de Bellas Artes.
Creer y saber

La anécdota se eleva ahora a categoría en Le Rapport Karsk, una cinta de 48 minutos en la que la figura elegante, la voz grave, los gestos precisos y la memoria descomunal de Karski –jamás tomó ninguna nota para sus informes, evitando así que sus informaciones pudieran ser interceptadas por los nazis– reviven de forma conmovedora aquella comprensible incomprensión. Porque una cosa es que oyeran los relatos de Karski y otra, bien distinta, que pudieran saber lo que los relatos decían.

La frase de Raymond Aron con la que la voz en off de Lanzmann acaba su introducción al documental resume también la impotencia del oyente: “Yo lo supe, pero no lo creí, así que no lo supe”, contestó Aron cuando le preguntaron en los años sesenta si supo del exterminio de los judíos cuando se estaba cometiendo. Esa es también la impresión que le quedó a Karski: que no le creían porque nadie podía imaginar lo que él había visto. Jamás en la historia había ocurrido algo así, ¿cómo iban a creerle?

Lanzmann decidió montar este documental para desmentir un “libro malísimo” que se publicó en Francia en 2009, y que se inventaba la vida de Karski. Nunca fue “un mártir” de la causa judía, como sostiene el novelista, precisó el director. “El problema judío no era el único problema”, explica el propio Karski, católico polaco nacionalizado estadounidense. En su entrevista con Lanzmann, afirma: era sólo una más de las tragedias de las que entonces daba cuenta “como una máquina”, “sin venirme emocionalmente abajo, como ahora”. Jan Karski murió el 13 de julio de 2000.

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Varias reediciones de obras teatrales y narrativas conmemoran los 75 años de la muerte de Valle-Inclán

«Valle escribió para un público que no existía todavía». La frase del académico Darío Villanueva podría resumir la experiencia de unos cuantos genios de la literatura que murieron sin apenas lectores, pero refiriéndose, como lo hizo el martes, a Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936), y a su teatro, traduce una realidad esperpéntica: Divinas palabras se estrenó en Madrid en 1933 y el segundo día no asistió más que una docena de personas a la representación, según escribió Luis Cernuda por entonces. Hoy, Luces de Bohemia, curiosamente el título que inauguró la colección Austral en 1920, además de sus incontables representaciones, es el libro más vendido de ese nutridísimo y casi centenario catálogo.

A 75 años de su muerte, el autor de La corte de los milagros no tiene sólo el favor del público. También el de buena parte de la crítica: «Tanto la narrativa, como el teatro, y algunos artículos de investigaciones históricas que publicó al final de su vida, son de una solidez enorme y sin comparación en el siglo XX», según Miguel Casado, autor de la biografía Ramón del Valle-Inclán (Océano). «Es, de su generación [del 98], el que ha resistido mejor el paso del tiempo y el que está más vivo», dice Villanueva, autor de una edición crítica de Sonata de Invierno (Círculo de Lectores).

Las reediciones de La lámpara maravillosa, Tirano Banderas y Martes de Carnaval en el sello Austral, así como la de su Narrativa completa en Espasa, vienen a conmemorar su fallecimiento, el 5 de enero de 1936. No parece, sin embargo, que su poesía haya aguantado el paso. «Yo creo que su poesía fue más circunstancial, como si la escribiera casi por el gusto de arriesgar y probar con distintos géneros, que por verdadera vocación», explica el poeta Felipe Benítez Reyes.

Maestro sin discípulos

Lectura obligada en los institutos durante décadas, lo que sin duda ha contribuido a su amplia difusión, para Miguel Casado ha llegado la hora de leerlo por libre, sin clichés ni categorizaciones. «Quizá ha estado demasiado en manos de los profesores de Literatura (yo soy uno de ellos). Ahora que pronto quedarán libres los derechos [en 2016], quizá llegue verdaderamente a los lectores sin los esquemas y prejuicios con los que le han ido corpartimentando», explica Casado. «De repente el grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático», se lee en Luces de Bohemia.

«Los grandes talentos no dejan discípulos, dejan otro tipo de huella: su mirada crítica, su posición ante el lenguaje y la realidad ha dejado mucha huella», dice Casado. «Se notaría mucho que lo están imitando», aclara Benítez Reyes respecto de los discípulos, y añade: «Pero acuñar un término, como el de esperpento, que aunque no lo inventó él sí fue quien lo puso en circulación, es uno de los grandes logros de todo escritor». Lo esperpéntico, como lo kafkiano, se ha disuelto en la lengua.

Era demasiado personal como para dejar discípulos. «Ha dejado una herencia extraordinaria: las novelas de dictador, sobre todo hispanoamericanas», precisa Villanueva: Yo, el supremo (Roa Bastos), El otoño del patriarca (García Márquez); aunque también Muertes de Perro (Francisco Ayala). Todas, ramas del mismo tronco: Tirano Banderas. «Así lo reconoció el propio Miguel Ángel Asturias, después de El señor presidente«. Asturias ganó el Nobel en 1967.

«Yo, hasta ahora, jamás he ganado cosa alguna con mis libros. De los primeros he vendido hasta cinco o seis ejemplares», decía el propio Valle en 1904. «Todas mis esperanzas están puestas en un libro que publicaré dentro de algunos días: Sonata de primavera. Seguramente se venderán algunos centenares de miles, y con el dinero que me dejen, pienso restaurar los castillos del Marqués de Bradomín y comprarme un elefante blanco, con una litera dorada, para pasearme por la Castellana…».

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Jacques Rancière (Argel, 1940) es el filósofo de la emancipación. Pero lejos de emplearse en la elaboración de unas instrucciones de uso, como si hiciera falta explicar a los explotados las leyes de la explotación, Rancière ha recorrido casi siempre el camino inverso: él mismo se ha ocupado de estudiar las prácticas que los explotados desarrollan para emanciparse. De esos viajes, ha vuelto con una idea clara de dónde reside el potencial de la idea de la emancipación: «Si la igualdad tiene algún sentido, debemos pensarla como una igualdad de capacidad. Una especie de esfuerzo, en efecto, para actualizar y desarrollar la capacidad de inteligencia que hay en cada uno de nosotros», dice.

Según este filósofo francés, discípulo inicial de Louis Althusser, su maître à penser en el París de los sesenta, pero contra el que poco después escribió, distanciándose radicalmente, La Leçon d’Althusser, la explotación no funciona por la ignorancia de las masas, como les gusta creer a las vanguardias revolucionarias. «Funciona como una evidencia. La desigualdad se da como algo que está ahí, en la medida en que la gente no siempre se pone de acuerdo para poder pensar y actuar de otro modo», explica Rancière, invitado por el Museo Reina Sofía, la Universidad Complutense y la asociación cultural CRUCE para hablar de cine, estética y política.

Marxismo reciclado

La igualdad no es la meta, según explica en El maestro ignorante, una de sus obras más radicales: es el origen. Luego se trata de crear un escenario político para verificarla, en el que no cabe ninguna fosa entre los sabios y los ignorantes. «Al final, todo se resume en que construiremos mundos y formas de experiencia diferentes, según apostemos por la igualdad o por la desigualdad», explicó a Público tras su intervención en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía. Lo que se había anunciado como una clase magistral, se desarrolló como un coloquio: cerca de 350 profesores y alumnos lanzaron sus preguntas al maestro francés.

Rancière, de quien este año se han publicado en español El destino de las imágenes (Politopias) y El espectador emancipado (Ellago ediciones), no sólo se distanció del marxismo de Althusser por sus premisas, también por el método. Ha rastreado la emancipación en lugares tan dispares como los archivos de las revistas obreras del siglo XIX, la literatura de Gustave Flaubert o el cine del director portugués Pedro Costa, con el que el viernes conversó en el Reina Sofía.

A su juicio, el arte, antes que una ilusión encubridora o una fuente de la falsa conciencia, es una descripción de la experiencia que puede interpretarse políticamente. «Una obra de arte siempre es contemporánea de un cierto régimen de experiencia estética», dice al hilo de un ejemplo central en su obra, el de Madame Bovary. «Flaubert es contemporáneo de un tiempo donde las hijas de los obreros y de los campesinos buscan integrar en su vida los ideales del arte y de la pasión», de ahí que cuando publicó el libro, aunque el autor insistiera en que se trataba sólo de arte, «la gente dijo que Madame Bovary es la democracia en literatura».

El gran enemigo de la emancipación es el mismo de siempre: la necesidad. «Aquellos que hablaban de la necesidad del movimiento histórico hacia el socialismo, hablan ahora del movimiento histórico que lleva necesariamente al triunfo del libre mercado», denuncia. «Y a quienes se oponen a la liberalización del mercado de trabajo o a la destrucción de la seguridad social se les tacha siempre de lo mismo: de que son gente retrógrada, reaccionaria, que se agarra a privilegios del pasado, o sea, que no están en la dirección de la historia. Toda esa retórica ha sido enteramente reciclada en provecho del orden dominante».

Fuente: Público

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La recaudación de la tasa por préstamos bibliotecarios ha caído un 96% cuatro años después de su aprobación

Durante 15 años, España hizo oídos sordos a la directiva europea que obligaba a las bibliotecas públicas a pagar un canon a los autores cuyas obras prestaban. En 2007, después del tirón de orejas de la Comisión Europea y ante la inminencia de una multa que se calculó entonces en 110 millones de euros, el Gobierno la integró en nuestra legislación para empezar a aplicarla. Pero salvo ese primer año, en que el Ministerio de Cultura se hizo cargo del pago, la inmensa mayoría de administraciones autonómicas y municipales ha hecho caso omiso de la ley desde entonces, según un informe al que ha tenido acceso este periódico. El año pasado, de hecho, sólo abonaron el canon Madrid y Navarra. Este año no ha pagado ninguna.

En 2007, el ministerio pagó 1.300.000 euros por el préstamo de obras sujetas a derechos de autor en las bibliotecas españolas, que las entidades de gestión repartieron entre escritores, músicos y demás artistas cuyas obras los usuarios se habían llevado a casa. La entidad que desde entonces se encarga de la recaudación, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), calcula reunir este año menos de 80.000 euros. El impago asciende a más de tres millones de euros en los últimos tres años. En España, los autores son los únicos beneficiarios de los derechos generados por el canon.

Los datos están recogidos en un informe técnico elaborado por CEDRO. Su presidenta, Magdalena Vinent, ha confirmado que se trata de un informe interno entregado al ministerio: «Es un informe puramente técnico que describe la situación tal y como está», explicó Vinent a Público. «Hacemos informes técnicos porque estamos tutelados por el ministerio, lo extraño es que haya salido del canal administrativo habitual», añadió.

El director general del libro, Rogelio Blanco, aseguró que su departamento «no lo ha recibido todavía», aunque conoce su contenido: «A nadie le gusta soportar una tasa. Pero en la UE se está para lo bueno y para lo malo, no es un restaurante en el que puedas pedir a la carta», dijo Blanco en referencia al origen comunitario de la norma. El último párrafo del informe advierte: «Nos vemos obligados a poner estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea, a fin de que dictamine si la transposición de [la directiva] se ha llevado a cabo correctamente». Vinent, sin embargo, asegura que ese paso no se ha dado todavía.

La razón por la que el Ministerio de Cultura sólo se hizo cargo del pago el primer año, según explica Blanco, es que la ley estipula que el canon deben pagarlo los titulares de las bibliotecas. El ministerio sigue abonando el de sus 52 bibliotecas públicas (de las que es titular, aunque las gestionan las comunidades autónomas). «En 2007, se aceptó como una excepción que lo abonara el ministerio, pero al año siguiente la legislación ya no lo hubiera permitido», aclara.

¿Quién tiene que pagar?

En 2008, sólo Aragón, Madrid, Navarra y Murcia, abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas. Andalucía y Castilla y León, que en un principio se habían comprometido a pagarla, no lo hicieron, «ya que no consiguieron plasmar jurídicamente esa asunción de un pago que en la práctica no les correspondía», según explica el informe. «En el resto de comunidades, la gestión realizada no dio resultado alguno», recoge el informe.

En la práctica, a Andalucía y a Castilla y León podría no corresponderles el pago del canon, porque en ambas comunidades el Gobierno regional no es el titular de las bibliotecas municipales, sino sus ayuntamientos. Esa es también la razón por la que las comunidades de Aragón y Murcia sólo pagaron en 2008: los titulares de las bibliotecas municipales en esas regiones son los ayuntamientos. Los ayuntamientos no lo han asumido. Los gobiernos de Madrid y Navarra están a tiempo aún de abonar la tasa de 2010.

España es el único país de Europa en el que el pago del canon corresponde en parte a los ayuntamientos, aunque por ley están exentos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una deficiencia señalada por CEDRO: «Se ha creado un sistema de gestión absolutamente impracticable», según el informe.

El pasado abril, CEDRO se dirigió por carta a los ayuntamientos. Sólo tres contestaron: «El de Salamanca, haciendo pública su protesta ante la prensa local; y los otros dos, Almería y Sevilla, informando de que hasta que no se publique el reglamento previsto en la normativa vigente, no tienen ninguna obligación de pagar este derecho», detalla CEDRO en su escrito remitido al ministerio.

A la espera del reglamento

En efecto, tres años y medio después de haber sido publicada la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que fue la que incluyó la directiva europea, el reglamento que debía concretar la cuantía y la manera de cobrar el canon sigue sin publicarse. «Hay un borrador, aunque no está aprobado. Esperamos que a principios de año pueda estarlo», según Rogelio Blanco. Un borrador que propondrá, según Blanco, liberar a los ayuntamientos del pago, aunque no está claro que sea factible tal y como está redactada la ley. «Aspiramos a liberar a los ayuntamientos del pago del canon, si se puede», explica.

Tras la reticencia de CEDRO a valorar públicamente la situación, a pesar de ser los autores del informe, se intuye un deseo de lograr antes la implicación del ministerio para solucionar el problema, que reclamar la intervención de nuevo de la Comisión Europea: «Hacemos una descripción de la situación para que se tomen las medidas oportunas», admite Vinent. ¿CEDRO va a poner la situación en conocimiento de la Comisión? «No está decidido», añade.

Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas desde 2004, recuerda que sólo la presión desde Bruselas logró que España, junto con otros países, como Francia, adoptaran la directiva europea sobre el préstamo bibliotecario aprobada en 1992. «Hasta 2006, algunos países que venían zigzagueando la aplicación de esa directiva, consiguieron eludirla, mientras que los países nórdicos, por ejemplo, la estaban cumpliendo. Así que se llegó a amenazar a esos países: en el caso de España, la multa podía ascender a 110 millones de euros», explica.

El debate sobre la aplicación del canon generó una intensa campaña de rechazo, movilizando a bibliotecarios y bastantes autores, que temían que el canon debilitara aún más los frágiles presupuestos de las bibliotecas. La ley acabó aprobándose en junio de 2007. «La ley está para cumplirla, no podemos seguir instalados en la demagogia», concluye Blanco. Desde entonces, la mayoría de administraciones públicas sigue incumpliéndola.

Fuente: Público

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