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Lo que más asombra de la llamada a la omertà del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, es que pueda dictarla públicamente. Silencio, dice. La discusión sobre si se debe suspender o no a Garzón, y sobre si se debe o no aceptar su solicitud de traslado a La Haya, añade el jefe de los jueces (así se comporta), debe mantenerse en secreto. A su lado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, calla:

Por parte de los vocales del Consejo, se debe mantener el secreto de las actuaciones cuando éstas han sido fruto del debate que se produce en esta mesa, y que se tiene que producir con libertad, precisamente porque se guarda la reserva. Y que difícilmente hay una libertad completa cuando sabemos que puede haber eso que se llama filtraciones. (Ver vídeo: a partir de 1’10»)

Vale que nos hemos acostumbrado a que muchas sentencias carezcan de la más mínima motivación razonada, y que las instrucciones, retransmitidas en directo, sean cada vez más una condena por adelantado. Pero que ahora proclame para sí el derecho a ocultar las razones que fundamentan sus decisiones, muestra hasta qué punto la justicia poética puede ya comportarse como lo que aspira a ser, un secreto de estado.

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