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Antes de entrar en materia y cribar lo más importante de lo que se ha dicho, sobre todo si ha servido para tapar lo que no se ha hecho, sobre esta historia, empiezo señalando la viga en mi propio ojo. Con la mirada limpia, se ve mejor la paja en el ajeno. 

La primera vez que publiqué algo sobre este asunto estaba de prácticas en EL PAÍS, en agosto de 2005. Tommouhi y Mounib entraron, casi con calzador, para ilustrar una historia más grande sobre “Inocentes en la cárcel”, sobre los errores en la identificación por parte de las víctimas. Ellos estaban, en verdad, en el origen del tema. 

A mediados de octubre, ya de vuelta al Master, me hice con el grueso del expediente de Tommouhi. En diciembre, y con la misma compañera que en el periódico, colamos el tema en el proyecto final. Visitamos Barcelona, conocimos al hijo de Ahmed, Khalid, a su tío Omar, a algunos de los que habían sido sus abogados, etc. En Madrid habíamos charlado con Martín Pallín en su despacho del Tribunal Supremo sobre la sentencia que desestimó la revisión general del caso, y de la que él había sido ponente.

La historia salió. El indulto, la única salida legal fue el título del despiece. Dos aprendices de periodistas, con tiempo de sobra y sin miedo al jerarca, porque ellos mismos –junto con sus compañeros—decidían el resultado final, caían así en el mismo error de muchos de los que los habían precedido y que comparten jueces y abogados y políticos en Barcelona y Madrid: que ya no hay salida legal.

«Si se habla de revisar las sentencias de la época de Franco, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con las que se dictaron en democracia contra mí?», se ha preguntado Ahmed. Y lleva razón. La famosa “salida legal” sigue abierta por la misma razón que todo el mundo se afana en afirmar que está cerrada: hay que encontrar  “nuevos elementos” que evidencien la inocencia de los condenados. Pero para encontrarlos, hay que buscarlos.

La ventaja práctica que se deduce entonces para los que afirman que las puertas de la ley están cerradas, es que se ahorran buscar la llave. Es comprensible que a ella se hayan acogido algunos abogados, sobre todo los que más han trabajado hasta ahora: trabajar cansa. Es humano que caigan en ello también los periodistas veteranos: pensar en trabajar sin tiempo y sin espacio, cansa.  Es humano, demasiado humano, que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la General del Estado, y el propio Ministerio de Justicia, intenten cubrirse así las espaldas: trabajar cansa, pero más cansa trabajar sobre lo que nunca se ha trabajado nada.

Pero, ¿por qué los aprendices de periodistas, con tiempo, etc… se agarran también a esa tabla? Por una razón literaria, obviamente. Porque quedaba más bonito poner la guinda de la única posibilidad, en un caso imposible, que aceptar que había otras posibilidades, porque éstas incumbían directamente a nuestra impotencia: ¿y qué han hecho ustedes, todos esos días en Barcelona, que no las han descubierto?, tendría derecho a preguntarse el lector exigente. 

Quién dice esos días, dice estos dos años. Así que vaya por delante, sin saltarnos la duda metódica, que todo lo que no sea conseguir la revisión del caso será un fracaso. Un puto fracaso. 

No tengo ases en la manga, pero hay baraja.

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Los puntos de inflexión de esta historia están ya en las hemerotecas, pero dispersos. Y esa dispersión ha dado alas, por lo general, a dos interpretaciones. La transmitida por los medios: la tragedia de un inocente –uno, porque al otro, muerto, lo remató el olvido—que ha pasado 15 años en la cárcel por un parecido fatal; y la que sostienen desde la judicatura y el Ministerio: que no se ha demostrado que sean inocentes en las otras condenas. En el fondo, comparten la misma explicación: que todo se sostiene en el convencimiento, puramente subjetivo, de las víctimas. Los primeros no han explicado cómo pudo formarse ese convencimiento –más allá del gran parecido físico— y los segundos dan por sobreentendido que ese convencimiento equivale a certeza, pues, dicen, se trata de una prueba “incontestable”.  

El hecho mismo de cómo pudieron ser condenados dos inocentes se pierde así en la distancia, difuminado tras las versiones inverificables, las decisiones indiscutibles y los argumentos incontrastables. La única verdad indiscutible de esta historia, sin embargo, sigue en pie: que el nexo original entre las dos personas que fueron condenadas por las violaciones de 1991 y las propias violaciones –la autoría—no ha sido nunca verificado. Ese origen es mi meta (K.K.).  

La desconexión entre lo real y su representación ha alcanzado en este caso una perfección envidiable, aunque descorazonadora. La tesis que sostiene la instrucción policial y judicial del caso Mounib-Tommouhi  es un enorme hipertexto que se enrosca sobre sí mismo sin ninguna conexión exterior con la realidad y del que nada puede verificarse fuera. Así también los argumentos de las sentencias. Los hechos se declararon “formalmente probados”, pero no se aportó una sola prueba material que sostuviera dicha declaración. Esa capacidad de verificación, sin embargo, es la obligación de los distintos ámbitos de representación de lo real a los que ha acompañado el periodismo en este asunto: la policía, la justicia y la política.  

Ni la justicia ni la política han cumplido con ella, tampoco después de conocerse los resultados del ADN que obligaron a revocar una de las sentencias. Los jueces en persona siguen echando mano hoy del cortafuego de los diferentes puntos de vista formales para sofocar la verdad material de los hechos, quizá porque los abrasa. Y el Gobierno, a la hora del indulto, se acoge al argumento de que siguen formalmente condenados en otras causas para no concederlo, aunque todos los datos objetivos apuntan a que realmente fueron condenados sin pruebas.  

¿Y el periodismo, qué ha hecho para verificar la inocencia que, de una forma u otra, proclama? Nada. Todo lo más, hemos aprovechado el trabajo hercúleo de un guardia civil que sí cumplió con esa obligación epistemológica –la verificación—que  permite sustanciar materialmente el relato formal de unos hechos, también aquel suyo sobre la inocencia de Tommouhi y Mounib: si exprimimos sus informes, quedan los restos biológicos pertenecientes a García Carbonell y a la otra persona no identificada. El verbo está hecho de carne.  

Por lo demás, el periodismo se ha limitado a poner la voz de Tommouhi al frente del coro de versiones: “soy inocente”; pero el horror de los crímenes, el convencimiento sincero –aunque erróneo—de las víctimas, el prestigio oficial de jueces y gobierno, y sobre todo su higiénica exposición como una suma de versiones, como un montoncito de voces, ha hecho que  la verdad se haya visto reducida, en el mejor de los casos, a su estatuto espectacular: el de “una hipótesis que jamás puede ser demostrada”. 

Es hora de mostrar aquí que estos dos hombres no siguen condenados sólo por error –lo que guardaría todavía una relación, aunque desviada, con ellos y con la verdad de los hechos y la responsabilidad—sino que ahora la condena se mantiene, en verdad, por pura cobardía electoralista. Tommouhi y Mounib han sido condenados no sólo siendo inocentes, sino también siendo ignorantes. Ignoran que l’air du temps conlleva que si pueden dictarse efectos prácticos como la prisión sin que ninguna razón verdadera los motive, lo razonable es que la verdad tampoco tenga ya ninguna consecuencia. Ignoran, en este tiempo de metáforas, su importancia simbólica: que no son un mensaje asumible, en esta época que todo lo asume.  

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